I.E.S. La Aldea

CARTA ABIERTA DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO DE CANARIAS A LA CIUDADANÍA

  • Categoría: Sindicales
  • Publicado el Domingo, 08 Junio 2008 00:00
  • Escrito por Asamblea Insular de Centros de Gran Canaria.

Estimados padres, madres, alumnos y ciudadanos y ciudadanas, en general:

El profesorado quiere dirigirse a ustedes para explicar las razones de un conflicto como el que padecemos desde hace quince meses y que es causa de lógica preocupación por parte de la sociedad canaria. Quince meses en los que hemos venido reivindicando el cumplimiento de una ley, en vigor, recibiendo como única respuesta la más absoluta cerrazón e incluso desprecio por parte del Gobierno de Canarias.

En 1.991 fue aprobada, con la unanimidad del Parlamento de Canarias, la ley 4/91 conocida como Ley de Homologación, que reconocía la existencia de un importante desfase retributivo entre los docentes y otros funcionarios públicos de igual titulación y categoría y arbitraba el procedimiento y los plazos para corregir dicho desfase. Aquella ley establecía, como contraprestación, el compromiso de los docentes en la realización de determinadas funciones que fueron asumidas y se vienen desarrollando con normalidad y de manera generalizada.

Desde el año 1.995, los y las profesores de Canarias hemos visto congeladas nuestras retribuciones mientras que las de otros funcionarios públicos continuaban y continúan incrementándose, volviéndose a registrar y de manera insultante, el agravio comparativo que dicha ley pretendía corregir. Desde ese momento, hasta ahora, no hemos dejado de denunciar los hechos y reclamar soluciones, recibiendo la callada por respuesta. Al mismo tiempo los profesionales de la enseñanza, durante todos estos años, hemos tenido que cargar sobre nuestros hombros con muchísimas nuevas tareas y funciones, más allá de las establecidas en la propia ley de homologación, para dar respuesta a los retos que una sociedad cambiante colocaba en el camino y de paso, paliar las consecuencias de unas políticas educativas deficitarias y cicateras. Muchas de esas tareas, asumidas voluntariamente desde la vocación, la conciencia y la profesionalidad, han terminado por ser consideradas, administrativa y socialmente, como obligaciones y, por tanto, han perdido la valoración y el reconocimiento que merecen.

Durante los últimos quince años, la decidida política de recortes de los sucesivos gobiernos autonómicos ha generado una preocupante precariedad en medios y recursos que ha supuesto un retroceso en las condiciones laborales del profesorado y una objetiva pérdida de calidad del servicio educativo: insuficiencia de plantillas, ratios elevadas, mezcla de grupos de alumnos, inadecuada gestión de sustituciones, eliminación de medidas de atención a la diversidad, cierre de ciclos formativos de F.P., subcontratación de servicios complementarios, ..., son sólo algunos de los ejemplos que podríamos citar. Lo cierto es que progresivamente se ha ido disminuyendo el volumen presupuestario destinado a Educación, situándose en estos momentos en torno al 4% de PIB canario (frente al 7% aplicado en las sociedades más avanzadas) y convirtiéndonos en la Comunidad del estado español que menos dinero invierte por alumno al año.

Frente a tal cúmulo de despropósitos los docentes hemos tenido que redoblar nuestro esfuerzo, invirtiendo tiempo y dinero en formación, asumiendo y desarrollando numerosos proyectos de mejora, actividades de acogida temprana, actividades de refuerzo educativo, programas de actividades extraescolares y complementarias, proyectos experimentales de innovación pedagógica, programas de acogida e integración de inmigrantes, de educación en valores, de educación para la salud, de educación sexual, de compensación de desigualdades, de intercambios culturales y un largo etcétera de iniciativas y actividades que se desarrollan de forma altruista y desinteresada en nuestros centros.

La responsabilidad sobre la calidad del sistema educativo es de todos los sectores implicados, pero no sería presentable que se pretenda repartir, a partes iguales, entre Administración, docentes, padres y alumnos; y mucho menos que se atribuya, exclusivamente, a los trabajadores de la enseñanza: nosotros hemos cumplido y hemos amortiguado los efectos de una política educativa que descapitaliza el sistema público.

Ahora que el profesorado reclama el reconocimiento de su homologación, el Gobierno de Canarias pretende enarbolar la bandera de la “Calidad”, pero los y las docentes la hemos mantenido izada siempre.

Las medidas planteadas por el Sr. Presidente del Gobierno, calificadas por los expertos como insuficientes, carentes de diagnóstico y alejadas de la realidad, fomentan la concepción de la “escuela aparcamiento” y cargan sobre las espaldas del profesorado toda la responsabilidad sobre los resultados futuros.

Canarias necesita un debate serio y profundo sobre la situación del sistema educativo y ése debe ser un debate abierto a todos los sectores implicados. Canarias necesita que el Gobierno reconduzca la gestión de la Enseñanza Pública que viene realizando durante los últimos años y los docentes estamos dispuestos a seguir demostrando nuestro compromiso y profesionalidad; pero a lo que no estamos dispuestos es a renunciar a nuestra reivindicación ni a que se haga efectivo un derecho reconocido por ley.

Exigimos al Gobierno de Canarias que ejerza su responsabilidad y abra de forma inmediata la negociación con los representantes del profesorado para evitar mayores perjuicios a la ciudadanía y un mayor deterioro del sistema educativo canario.

HOMOLOGACIÓN, DIGNIFICACIÓN Y CALIDAD

Gracias por su comprensión e inestimable apoyo.

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